El pasado 26 de septiembre se cumplieron 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, hecho emblemático de la violación a los derechos humanos e impunidad en la historia reciente de México.
En el marco de la 44 Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO), para la cual uno de sus temas rectores son los derechos humanos, se ofreció la mesa 10 años de Ayotzinapa, donde se vislumbró un panorama de lo sucedido a una década de distancia, la lucha por la justicia y los pocos avances obtenidos.
En dicha mesa participaron los abogados Vidulfo Rosales, Santiago Aguirre y Clemente Rodríguez, padre de Christian Alfonso, uno de los 43 desaparecidos. Acompañados por el periodista Javier Risco, Rosales, quien es abogado defensor del caso Ayotzinapa y Tlatlaya, comentó que con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador se tuvieron grandes expectativas para el esclarecimiento de lo sucedido.
Sin embargo, luego de un avance positivo al inicio de su gobierno, en 2022 las investigaciones se detuvieron. Además, comenzaron confrontaciones con el presidente y descalificaciones de su parte hacia quienes luchan por el caso. Esto, a raíz de que en ese año se accionó legalmente contra 20 militares, lo cual para Rosales representó un quiebre con el poder, generando incluso renuncias de funcionarios.
“Gran parte de la investigación tiene que ver con archivos militares. Necesita ser investigado el ejército, pero no ha ocurrido. El algo sencillo, pero el ejército pareciera ser algo inmaculado, intocable, no rinde cuentas”, continuó el abogado. Agregó que es responsabilidad del estado resolver ese tema y que esperan que con Claudia Sheinbaum se puede tener pronto un diálogo.
Aguirre expresó que a 10 años de los hechos “no estamos donde quisiéramos estar en cuanto a avances”. Recordó que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se quiso imponer una versión de lo sucedido y refirió que hay dos grandes obstáculos para el acceso a la justicia: el funcionamiento de los Ministerios Públicos y el poder que ha acumulado el ejército.
Ante esta situación, Aguirre, quien es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), mencionó que es importante visibilizar y nombrar todas las violencias contra las que luchan los padres de los 43, y lograr que en las prioridades del estado, se coloque hasta arriba la lucha contra la violencia.
Don Clemente, con lágrimas en los ojos, recordó a su hijo y clamó justicia para él y sus compañeros. Jóvenes con sueños y metas. “El gobierno le tiene coraje a los normalistas porque son luchadores sociales, porque no se dejan”, expresó el guerrerense quien dijo que México está controlado, por la policía y el ejército. “Pero podemos cambiar eso, organizarnos, salir a las calles”.
La FILO a lo largo de sus ediciones procura poner sobre la mesa temas relacionados con la justicia social a fin de escuchar a quienes se involucran y reflexionar entre todas, todos, todxs, formas de hacer de este un mundo más justo.
COMUNICADO
